La Ley de Dependencia ha supuesto la apertura de nuevas oportunidades para que muchas personas puedan aspirar a ayudas que les permitan compaginar su vida laboral y profesional con el cuidado y atención de familiares. Es lo que sucede con muchos ancianos o personas en situación de minusvalía y en todo caso, con pérdida de autonomía personal para desempeñar tareas diarias.

Así, esta Ley ha ido abriendo veredas para que numerosas personas que se hallaban en situaciones expuestas o de desamparo, puedan obtener una ayuda que les permita salir adelante en el día a día a pesar de sus impedimentos físicos, biológicos y de salud.

La Ley de Dependencia se encuadra dentro de la corriente general de mayor sensibilización con los problemas de las personas mayores, dependientes y discapacitadas o minusválidas. Se trata de una nueva forma de protección social, que complementa a las previamente existentes: la asistencia sociosanitaria pública, las instituciones estatales de asistencia social, y el sistema de seguros públicos o de Seguridad Social.

 

Los grados de la ley de dependencia: importante aspecto de esta forma de protección social

La Ley de Dependencia establece unos requisitos para que la protección sea concedida y pueda hacerse efectiva. Tales condiciones son los llamados grados de dependencia, que se dividirían en los siguientes:

  • Grado I. Es la llamada Dependencia moderada. La persona afectada necesita de ayuda para desempeñar varias actividades consideradas básicas de su vida cotidiana, y tal ayuda ha de brindársele al menos una vez al día, con lo que necesita pues de un apoyo intermitente por parte de la persona que haya de cuidarle.
  • Grado II. Es lo que se conoce como Dependencia severa. La persona necesita de asistencia para desempeñar varias actividades consideradas básicas en el día a día, y tal ayuda debe serle brindada varias veces diarias. Sin embargo, no precisa de la ayuda permanente de un cuidador o de apoyo extenso (implicación de cuidados que se da de forma continua y con regularidad) para su vida cotidiana y personal. Es suficiente con el apoyo limitado, esto es: por un tiempo limitado pero que no ha de considerarse intermitente.
  • Grado III. Es la denominada Gran dependencia. La persona padece una pérdida total y absoluta de su autonomía en uno o varios terrenos (psíquico, sensorial, físico), y precisa por lo tanto de un apoyo generalizado: un tipo de respaldo y asistencia que se caracteriza por ser constante y de gran intensidad, y por ser generalmente una ayuda que, además de frecuente, ha de prestarse durante el resto de la vida de la persona afectada.

La Ley de Dependencia es muy estricta en este sentido, y establece las prestaciones y ayudas en función del grado de dependencia debidamente certificado por autoridades facultativas que han de realizar una inspección y chequeo del paciente y de su entorno familiar para valorar la intensidad y gravedad de la pérdida de autonomía, y el nivel de ayuda pública a que, en función de tal situación, se podrá aspirar en consecuencia.

 

Estado actual de la Ley de Dependencia en el 2019

El estado actual de esta ley y sus efectos van adquiriendo cada vez más importancia en nuestra sociedad actual, ya que prosigue la tendencia demográfica de decrecimiento vegetativo: paulatinamente, la población de edad superior a los 50 años sigue superando cuantiosamente a la que abarca un espectro de edad entre los 30 y los 49 años. Por otro lado, la tasa de natalidad se estanca.

 

Por tales motivos, las prestaciones de la Ley de Dependencia se hacen cada vez más importantes, pues las situaciones de pérdida de autonomía personal, sobre todo en pacientes de avanzada edad, se van incrementando con el más que visible envejecimiento de la población. Conocer la Ley de Dependencia es algo fundamental si queremos solucionar estos problemas en nuestro entorno familiar, pues son muy frecuentes en la sociedad española del 2019.